Introducción

Tal como lo expresaron Su Santidad el Dalai Lama, el Arzobispo Desmond Tutu y el ya fallecido ex mandatario checo Vaclav Havel, entre otros, en una carta conjunta que redactaron en el 2009 para respaldar el informe titulado Defending Civil Society report “la [d]emocracia no florecerá a menos que los ciudadanos puedan participar libremente en la política y el cambio social, y durante muchos años los grupos de la sociedad civil han venido ofreciendo a los ciudadanos los medios para hacerlo de forma pacífica”.

Actualmente, muchos gobiernos alrededor del mundo recurren cada vez más al uso de medidas jurídicas para limitar a los grupos de la sociedad civil y limitar su rol como catalizadores de la participación ciudadana en diversas áreas del desarrollo político y social. Para dar respuesta a esta tendencia regresiva, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional se han hecho partícipes de diversos esfuerzos de abogacía, tanto exitosos como fallidos, para reformar tales medidas jurídicas y evitar que se promulguen otras nuevas.

Como parte de estos esfuerzos, el Movimiento Mundial para la Democracia y el Centro Internacional de Derecho no Lucrativo (ICNL, por sus siglas en inglés) lanzaron en el 2007 el proyecto denominado “Defensa de la Sociedad Civil”. Este proyecto responde a las solicitudes de asistencia provenientes de activistas que participan en labores de abogacía, documenta las lecciones aprendidas, recopila información práctica sobre estos temas, e identifica las herramientas que se han utilizado para lograr estrategias eficaces de reforma.

La mayoría de los representantes de la sociedad civil reconocen que las leyes redactadas adecuadamente para regular la actividad de sus organizaciones son fundamentales para la protección de la libertad de asociación, expresión y reunión, y un elemento necesario para el desarrollo del sector. Al mismo tiempo, se hace uso frecuente del derecho para limitar el espacio jurídico y menoscabar la protección de las libertades fundamentales. Esto permite que en algunas ocasiones los activistas de la sociedad civil sean muy cautelosos y miren con recelo las iniciativas de reforma que podrían limitar y restringir los espacios ciudadanos. Por el contrario, las leyes que rigen a la sociedad civil deben “facilitar” y “propiciar” el trabajo de sus organizaciones, en vez de “controlarlas”. Por consiguiente, debe ser de sumo interés para la sociedad civil participar activamente en el desarrollo de tales marcos jurídicos.

Para ayudar en ese sentido, este manual recopila las experiencias de quienes han participado en iniciativas de reforma jurídica en decenas de países. Para asegurar que las herramientas sean tan prácticas y relevantes como sea posible, el Movimiento Mundial y el ICNL solicitaron a cientos de representantes de la sociedad civil en más de 40 países que compartieran sus conocimientos, experiencias y otras informaciones relevantes.

Las estrategias y las tácticas de abogacía varían a lo largo de los diferentes contextos políticos (regímenes autoritarios, transiciones democráticas, consolidaciones de procesos democráticos, etc.), por lo que las sugerencias incluidas en este compendio de herramientas deben analizarse detenidamente a la luz de las especificidades de cada país. La idea detrás de este manual es que la socialización de las experiencias y lecciones aprendidas ayude a desarrollar las capacidades de aquellos que buscan reformar las leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad civil.

Esperamos que estacaja de herramientas pueda ofrecer consejos prácticos y estrategias que las organizaciones y los activistas de todo el mundo puedan tener en cuenta a la hora de planificar sus esfuerzos de reforma.

Elaborado en varios idiomas, esta caja de herramientas está compuesta por los capítulos siguientes:

  • Comprendiendo y evaluando los entornos restrictivos
  • Involucrando a la sociedad civil
  • Involucrando al cuerpo diplomático y a la comunidad de donantes
  • Involucrando a los medios de comunicación
  • Construyendo el diálogo con el gobierno, los miembros del parlamento y otros actores relevantes
  • Sobreviviendo en un entorno severamente restrictivo

Antes de empezar una iniciativa de reforma jurídica, usted debe:

  • Analizar qué tan abierto es el contexto político de su país. Este es un factor esencial para determinar el posible éxito de una iniciativa de reforma. Se deben establecer los objetivos de cualquier reforma teniendo presente tanto las oportunidades como las limitaciones políticas. Dicho esto, aún en los casos donde el espacio político está severamente restringido, se pueden lograr avances hacia la consecución de reformas mediante procedimientos concretos tales como el desarrollo de las capacidades de la sociedad civil para analizar el marco jurídico local; la profundización su grado de sensibilización sobre las amenazas a la libertad de reunión y de asociación; o la unificación de distintos grupos cívicos para cuestionar alguna ley que incida negativamente sobre la sociedad civil.
  • Comprender y aceptar los riesgos que supone la iniciativa. Aún cuando se busque evitar la confrontación, es importante mantener una actitud crítica hacia el gobierno al momento de monitorear el proceso político y participar en las labores de promoción de la reforma. Si bien usted podría considerar necesario llegar a un arreglo intermedio sobre disposiciones particulares, siempre debe estar atento(a) a no comprometer principios democráticos fundamentales.
  • Estar preparados para una larga batalla. No es poco usual que el proceso de reforma demore algunos años y hasta más. El proceso de enmienda de una ley puede implicar la redacción de numerosos borradores y cambios frecuentes—e incluso inesperados—en el entorno y posición de los actores políticos. Por lo tanto, es importante que quienes participen en tales esfuerzos de reforma se mantengan concentrados en el proceso y sus objetivos centrales.